Defensa Legal Para los Inmigrantes en Long Beach Podria Empezar Tan Pronto Como Febrero

Un fondo para proveer acceso a representación legal a los inmigrantes de bajos ingresos en Long Beach para los procedimientos de deportación progresso adelante la semana pasada. El consejo municipal aprobó un acuerdo de dos años con el Instituto de Justicia de Vera para administrar el fondo con un voto de 6-3.

Long Beach será parte de la Red de Ciudades SAFE, quales han comprometido a darles representación legal gratis a personas indocumentadas. Otras jurisdicciones de California en la red incluyen Sacramento, Oakland/Alameda County y Santa Ana.

Los $250,000 reservados por la ciudad para el Fondo de Justicia de Long Beach son parte de el Presupuesto de la Gente que fue propuesta por una coalición de grupos comunitarios durante las audiencias de presupuesto de la ciudad este mismo año. Además, Vera igualará los fondos iniciales de la ciudad con una subvención de hasta $100,000.

La Oficina de Equidad y el Administrador de la Ciudad ahora se unirán con Vera para emitir una solicitud de propuestas y seleccionar la organización que prestará los servicios legales. Si todo va bien, el fondo comenzará a utilizarse a mediados de Febrero, según Kevin Jackson, el Subjefe de la Ciudad.

Para ser elegible para el apoyo legal, una persona debe residir en Long Beach y tener un ingreso familiar por debajo del 200 por ciento de la línea federal de pobreza, que sale a aproximadamente $50,200 para una familia de cuatro.

La concejal Lena González (DC-1), quien ha liderado la implementación del fondo,  señalaro a las décadas de experiencia, el compromiso de Vera a disponer fondos correspondientes y su “perspectiva nacional” como razones para entrar en la Red de Ciudades SAFE.

Los partidarios enmarcaron el fondo dentro la batalla contra políticas de inmigración duras de la Administración Trump.

Sarah Kim Pak, becaria del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo durante su testimonio público que consideraba que el fondo corrigía el “evidente desequilibrio” entre los recursos legales de los fiscales federales y las personas indocumentadas. Ese desequilibrio permite que la “máquina de deportación anti-inmigrante de Trump sé lanze adelante,” dijo Pak.

Porque los procedimientos de deportación se consideran causas civil, envez de ofensas penales, la representación legal no está garantizada. Hay casos en los cuales la deportación ha acarreado consecuencias nefastas.

La concejal Suzie Price (DC-3) y Stacy Mungo (DC-5) fueron los que más expresaron su oposición a permitir que Vera administre el fondo, y finalmente votaron en contra de ella junto con el Miembro del Consejo Daryl Supernaw (DC-4).

Citando su experiencia como fiscal en la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Orange, Price dijo que estaba a favor del apoyo legal para las personas condenadas por delitos de bajo nivel, pero que quería establecer “limitaciones” para aquellos condenados por delitos más graves.

“Si una persona se enfrenta a la deportación porque fue condenada por un delito penal que califica … los dólares públicos no se utilizarían para ayudar a esa persona”, dijo Price, ilustrando sus restricciones deseadas.

Las ofensas criminales citadas por Price incluyen: “asesinato, robo, asalto con un arma, tiroteos relacionados con pandillas y delitos de vileza moral.”

Durante la reunión del consejo, Tania Karina Sawczuk, una Asociada Principal del Programa con Vera, explicó que si una persona es condenada por tales delitos — y no había ninguna razón para creer que su condena fue mal manejada — serían descalificados para recibir asistencia de defensa legal. Dijo que en un caso así, lo más probable es que sé les daría una consulta con un abogado que les informaría que no tienen opciones y que deberían aceptar la orden de expulsión.

“La base de [este fondo] es proporcionar el debido proceso y una representación legal justa … para [los casos] de inmigración,” dijo Jackson, quien participó en la preparación del acuerdo.

“Hay una realidad que enfrentan nuestras comunidades, que nuestro sistema de justicia penal es defectuoso y que se producen abusos,” dijo el Concejal Rex Richardson (DC-9).

Las deportaciones han afectado tanto a las comunidades latinas como a las camboyanas en Long Beach.

Tomisin Oluwole
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Phal Sok, quien llegó a la ciudad cuando era un bebé huyendo el Khmer Rouge en Camboya con su familia, fue declarado culpable de robo en segundo grado cuando era un adolescente. Después de cumplir una larga condena de prisión, se convirtió en organizador de la Coalición de Justicia Juvenil, trabajando con jóvenes encarcelados. Pero su condena anterior lo llevó recibir una orden de expulsión en 2015 y luego ser detenido. Antes de la audiencia en Nov. 4, González notó que ella había escrito una carta en apoyo para Sak durante su petición para recibir un indulto del Gobernador Jerry Brown, qual fue exitosa y le permitió permanecer en el país.

No tan afortunado fue el residente de Long Beach, José Alvarez, padre de seis hijos y propietario de un negocio, quien fue deportado a México en 2016 debido a una condena de drogas de décadas atrás después de ser detenido por un faro roto.

“Este es un ejemplo perfecto en [donde] el fondo de deportación lo podria ayudado. Vivía una vida ejemplar, pagaba sus cuotas. Ahora hay una familia rota,” dijo Roberto Uranga (DC-7).

Los inmigrantes con condenas criminal pasadas fueron el 74 por ciento de todos los arrestos realizados por los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en 2017.

Según el Centro de Recursos Legales de Inmigración dice que “para las personas cuyas convicciones efectivamente cierran todas las puertas a la asistencia de inmigración, anular la condena en un tribunal penal es la única forma de preservar la posibilidad de permanecer en los Estados Unidos (ICE).” Una razón común por quale las condenas penales atadas a casos de deportación son anulados es que los fiscales del caso no comunicaron con el acusado qual seria el efecto que tendrá una declaración de culpabilidad sobre su estado migratorio.

ICE no publica estadísticas específicas de cada ciudad sobre cuántas personas son deportadas. Sin embargo, Andrea Donado, quien trabaja dentro de la comunidad de inmigrantes Latinos como parte de la Organización Comunitaria Interreligiosa del gran Long Beach, dijo que en el mes promedio se entera de al menos dos casos de deportación que involucran residentes locales.

“Tenemos una gran necesidad de un fondo como este … este [fondo] no es una garantía de que se quedarán en nuestra comunidad, pero les dará una mayor oportunidad,” dijo.

Al igual que en el caso de Álvarez, muchas veces la persona que es deportada es el sostén de la familia, lo que lleva a que sus hijos o hijas abandonen la escuela para buscar trabajo. Eso continúa con un ciclo de pobreza que impide la movilidad ascendente y se extiende por toda la comunidad, según Donado.
“También lo que pasa es que [la familia] tiene que dejar Long Beach. A veces terminan en San Bernardino, o donde puedan encontrar viviendas más baratas,” dijo Donado.

“La deportación es un proceso federal [pero] tiene un impacto en las comunidades locales y por eso es asunto del ayuntamiento,” dijo Richardson.

El fondo de defensa legal es parte de una estrategia más amplia para proteger a la comunidad de inmigrantes en la ciudad que fue establecida con la Ley de Valores de Long Beach de 2018, aprobada por el consejo en Marzo.

Defensa Legal Para los Inmigrantes en Long Beach Podria Empezar Tan Pronto Como Febrero.

Reportaje realizado con la colaboración de Kevin Flores.